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La Guardia Civil registra los domicilios de Pardo de Vera y Herrero en el caso Koldo por adjudicaciones bajo sospecha
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este jueves en los domicilios de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes, en una nueva fase del caso Koldo
Nuevos registros por la trama Koldo
El caso Koldo sigue extendiendo sus ramificaciones. Este jueves, a mediodía, agentes de la UCO irrumpieron en las viviendas de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, como parte de una investigación judicial que no deja de crecer en intensidad.
La operación fue autorizada por el juez Ismael Moreno, instructor del caso en el Tribunal Supremo, tras solicitar a la Audiencia Nacional que valorara los "indicios consistentes" que pesan sobre ambos exresponsables públicos. La sospecha principal: que habrían favorecido a ciertas empresas constructoras en adjudicaciones millonarias. La pieza, por el momento, se encuentra bajo secreto de sumario.
Conversaciones grabadas y adjudicaciones discutidas
Tanto Pardo de Vera como Herrero figuran en el informe de casi 500 páginas elaborado por la Guardia Civil. En él se recogen conversaciones que fueron presuntamente grabadas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en las que se habla sin tapujos de adjudicaciones de obra pública. En esos audios, el nombre de Pardo de Vera aparece vinculado a la posibilidad de repartir adjudicaciones "a dedo" a ciertas empresas. Ella elegía unas, Koldo las otras.
En cuanto a Herrero, el informe señala que habría otorgado puntuaciones técnicas y económicas muy favorables a determinadas ofertas, allanando así el camino para que estas empresas ganasen los concursos públicos.
La sensación que queda tras leer algunos fragmentos del informe es incómoda. No solo por lo que dicen, sino por el tono: naturalidad, confianza, incluso rutina en el manejo de decisiones que deberían ser absolutamente transparentes.
Registros también en Adif y Carreteras
No solo han sido registrados sus domicilios. También la sede central de Adif y la Dirección General de Carreteras han vuelto a ser objeto de inspección. La semana pasada, los agentes ya se personaron en ambos lugares para solicitar documentación. Esta vez, sin embargo, han ido con una orden de registro completa.
Ese mismo día, otra línea de investigación se dirigió hacia la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para acceder al correo electrónico del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, también salpicado por esta trama.
La obra de los 700.000 euros
Uno de los momentos más reveladores del informe es una conversación entre Koldo García e Isabel Pardo de Vera, fechada en noviembre de 2020. Koldo le pide una adjudicación para una empresa llamada LIC, primero como contrato de mantenimiento y, al no ver respuesta, como contrato de emergencia.
La expresidenta de Adif intenta frenarlo con un argumento que evidencia el temor a levantar sospechas:
"Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar...".
Aun así, según la UCO, ella se comprometió a estudiar opciones para concederle otra obra a la empresa.
Estas frases, más allá de su contenido, revelan un funcionamiento de los engranajes del poder en el que las adjudicaciones se reparten como si fueran favores entre conocidos. Y es que no estamos hablando de pequeñas obras: millones de euros en dinero público estaban en juego.
Dos piezas distintas, un mismo caso
Además de este frente judicial, Pardo de Vera ya figura como investigada en la Audiencia Nacional por otra rama del mismo caso: la presunta contratación en Ineco y Tragsatec de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Tendrá que declarar por ello ante el Supremo el próximo 1 de julio. Aunque son piezas separadas, ambas están englobadas en el gran entramado del caso Koldo, que cada semana deja nuevas revelaciones.
¿Y ahora qué?
La investigación avanza, y lo hace deprisa. Las nuevas entradas y registros dejan claro que el foco se amplía. Lo que comenzó siendo un escándalo por contratos de mascarillas en plena pandemia se ha transformado en algo mayor: una presunta red de favores, adjudicaciones irregulares y tráfico de influencias.
El mensaje que lanzan los investigadores es claro: nadie está por encima del escrutinio judicial, por mucho que haya ocupado cargos de máxima responsabilidad. Y eso, aunque incómodo, es lo mínimo que se espera en un Estado de Derecho.
Estrella Digital

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este jueves en los domicilios de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes, en una nueva fase del caso Koldo
Nuevos registros por la trama Koldo
El caso Koldo sigue extendiendo sus ramificaciones. Este jueves, a mediodía, agentes de la UCO irrumpieron en las viviendas de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, como parte de una investigación judicial que no deja de crecer en intensidad.
La operación fue autorizada por el juez Ismael Moreno, instructor del caso en el Tribunal Supremo, tras solicitar a la Audiencia Nacional que valorara los "indicios consistentes" que pesan sobre ambos exresponsables públicos. La sospecha principal: que habrían favorecido a ciertas empresas constructoras en adjudicaciones millonarias. La pieza, por el momento, se encuentra bajo secreto de sumario.
Conversaciones grabadas y adjudicaciones discutidas
Tanto Pardo de Vera como Herrero figuran en el informe de casi 500 páginas elaborado por la Guardia Civil. En él se recogen conversaciones que fueron presuntamente grabadas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en las que se habla sin tapujos de adjudicaciones de obra pública. En esos audios, el nombre de Pardo de Vera aparece vinculado a la posibilidad de repartir adjudicaciones "a dedo" a ciertas empresas. Ella elegía unas, Koldo las otras.
En cuanto a Herrero, el informe señala que habría otorgado puntuaciones técnicas y económicas muy favorables a determinadas ofertas, allanando así el camino para que estas empresas ganasen los concursos públicos.
La sensación que queda tras leer algunos fragmentos del informe es incómoda. No solo por lo que dicen, sino por el tono: naturalidad, confianza, incluso rutina en el manejo de decisiones que deberían ser absolutamente transparentes.
Registros también en Adif y Carreteras
No solo han sido registrados sus domicilios. También la sede central de Adif y la Dirección General de Carreteras han vuelto a ser objeto de inspección. La semana pasada, los agentes ya se personaron en ambos lugares para solicitar documentación. Esta vez, sin embargo, han ido con una orden de registro completa.
Ese mismo día, otra línea de investigación se dirigió hacia la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para acceder al correo electrónico del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, también salpicado por esta trama.
La obra de los 700.000 euros
Uno de los momentos más reveladores del informe es una conversación entre Koldo García e Isabel Pardo de Vera, fechada en noviembre de 2020. Koldo le pide una adjudicación para una empresa llamada LIC, primero como contrato de mantenimiento y, al no ver respuesta, como contrato de emergencia.
La expresidenta de Adif intenta frenarlo con un argumento que evidencia el temor a levantar sospechas:
"Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar...".
Aun así, según la UCO, ella se comprometió a estudiar opciones para concederle otra obra a la empresa.
Estas frases, más allá de su contenido, revelan un funcionamiento de los engranajes del poder en el que las adjudicaciones se reparten como si fueran favores entre conocidos. Y es que no estamos hablando de pequeñas obras: millones de euros en dinero público estaban en juego.
Dos piezas distintas, un mismo caso
Además de este frente judicial, Pardo de Vera ya figura como investigada en la Audiencia Nacional por otra rama del mismo caso: la presunta contratación en Ineco y Tragsatec de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Tendrá que declarar por ello ante el Supremo el próximo 1 de julio. Aunque son piezas separadas, ambas están englobadas en el gran entramado del caso Koldo, que cada semana deja nuevas revelaciones.
¿Y ahora qué?
La investigación avanza, y lo hace deprisa. Las nuevas entradas y registros dejan claro que el foco se amplía. Lo que comenzó siendo un escándalo por contratos de mascarillas en plena pandemia se ha transformado en algo mayor: una presunta red de favores, adjudicaciones irregulares y tráfico de influencias.
El mensaje que lanzan los investigadores es claro: nadie está por encima del escrutinio judicial, por mucho que haya ocupado cargos de máxima responsabilidad. Y eso, aunque incómodo, es lo mínimo que se espera en un Estado de Derecho.
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