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Antxon Alonso se acoge a su derecho a no declarar en el Senado por el caso Koldo

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Antxon Alonso, empresario vinculado a la empresa Servinabar e investigado por su supuesta participación en el pago de comisiones ilegales, ha rehusado responder a las preguntas formuladas este martes en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo. Durante su comparecencia, ha invocado el artículo 24 de la Constitución para acogerse a su derecho a no declarar, alegando que su situación procesal se encuentra ligada a una causa judicial en el Tribunal Supremo relacionada con los hechos abordados por la comisión parlamentaria.

A lo largo de la sesión, Alonso ha insistido en su decisión de guardar silencio, argumentando que su intervención podría perjudicar su defensa. También ha solicitado en varias ocasiones la suspensión de la sesión, algo que el presidente de la comisión ha rechazado, recordándole que los grupos parlamentarios tienen derecho a formular preguntas. Cada vez que se le planteaba una cuestión, el empresario reiteraba su negativa a responder, escudándose en su derecho constitucional.

El presidente de la comisión ha advertido a Alonso de que debía justificar a qué precepto se acogía para no contestar, alertándole sobre las posibles consecuencias de adoptar una postura que pudiera considerarse obstructiva. Pese a los intentos de los senadores por obtener respuestas, la comparecencia transcurrió sin que el empresario facilitara información alguna.
Una comparecencia marcada por la tensión

La intervención de Alonso llega apenas dos semanas después de haber declarado como investigado ante el Tribunal Supremo, donde negó tener relación societaria con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a pesar de que existe un documento de 2016 en el que figura como socio en la empresa Servinabar. Según declaró entonces, aquel acuerdo nunca se ejecutó y afirmó ser el único propietario de la constructora.

Durante su declaración en el Supremo, también rechazó cualquier implicación en el supuesto pago de sobornos para obtener contratos públicos, asegurando que su empresa concurrió de forma legítima a veinte licitaciones en colaboración con Acciona, de las que resultaron adjudicatarias en cinco.

En la comisión del Senado, algunos portavoces le reprocharon su negativa a declarar, mientras que otros, como el del PSOE, respetaron su derecho legal, aunque lamentaron no poder plantearle cuestiones relevantes sobre la investigación.

Las conexiones con el caso Koldo

Servinabar, empresa fundada por Alonso y con sede en Pamplona, aparece mencionada en informes policiales como una posible vía de canalización de beneficios relacionados con la trama investigada. Un contrato privado hallado en un registro domiciliario vincula a Santos Cerdán con la empresa, al figurar como adquirente de casi la mitad de las participaciones sociales. No obstante, la compañía sostiene que Cerdán nunca ha sido socio formal, ya que el acuerdo no se elevó a escritura pública.

Además de su vínculo empresarial, Alonso ha sido señalado como el intermediario que facilitó contactos entre Cerdán y dirigentes de EH Bildu en los meses previos a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.

Citación forzada

La comisión parlamentaria, impulsada por la mayoría del Partido Popular en el Senado, intentó sin éxito localizar a Alonso a comienzos de julio. Ante su incomparecencia, se recurrió a un edicto judicial para garantizar su presencia. Finalmente, ha comparecido este martes, aunque sin aportar declaraciones.

El caso Koldo, que investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, ha salpicado a varios cargos del entorno socialista, y esta comparecencia se enmarca en la ronda de citaciones parlamentarias promovida para esclarecer los vínculos entre responsables políticos, intermediarios y empresas beneficiarias.

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